Los vecinos morosos y la protección de datos

A pesar de que suele suceder que en una comunidad de propietarios se publiquen datos personales sobre la insolvencia de un propietario deudor, es conveniente tener en cuenta que puede producirse una violación de la normativa de protección de datos e incluso una contravención de sus derechos fundamentales.

Es decir, que podemos encontrarnos con que tenemos un vecino que no paga y que luego se enfada porque se ha publicado su condición de morosidad en un listado por lo que acaba denunciando a la comunidad por este hecho. Es por ello que antes de nada debemos tener claro si podemos o no publicar en la convocatoria de la junta el nombre de los propietarios morosos.

En primer lugar hay que analizar si desde la comunidad se pueden tratar los datos de ese vecino deudor. Para ello, se deberá tener en cuenta que, como ya hemos visto, todo tratamiento de datos de carácter personal debe encontrarse fundado en alguna de las causas legitimadoras para ello. En este caso concreto, podemos ver que el tratamiento de los datos de cualquier vecino resulta necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

Por otro lado, en virtud de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), es posible la publicación en la convocatoria de la junta la relación de propietarios que no estén al corriente en el pago de las deudas vencidas a la comunidad

Ahora bien, ¿qué sucede si aun así el moroso sigue sin pagar y no se da por aludido? Tranquilos, que se puede proceder a publicar su situación de impago en el tablón de anuncios aunque, como veremos a continuación, antes de llegar a esto se debe intentar la notificación por otros medios.

En primer lugar, se habrá tenido que notificar al afectado en el domicilio que haya señalado a efectos de notificaciones de conformidad con lo indicado en el artículo 9.1.h) de la LPH, sobre la convocatoria de la junta o el acta donde se contiene su condición de deudor.

En su defecto, si el vecino deudor nunca indicó cual era su domicilio a efectos de notificaciones, se deberá haber practicado la notificación en el inmueble del que es propietario en la comunidad de que se trate.

Sin embargo, cuando no se ha podido notificar al deudor en su domicilio, es cuando se procederá a publicar la convocatoria de junta o el acta en el tablón de anuncios del edificio o en lugar visible de uso general habilitado al efecto y expresando la fecha y motivo por el que se procede a realizar así la notificación. La notificación así practicada ya produce efectos jurídicos en el plazo de tres días naturales.

Aun así, hay que tener presente en todo momento que la finalidad de colgar la lista en el tablón es la de informar a los propietarios deudores de que se hallan en tal situación y que se dé por practicada la notificación. En ningún momento se hace para poner en conocimiento de terceros tal hecho, aunque no obsta que se llegue a producir esta consecuencia inevitable. Es por ello que la ley exige que se intente la notificación personal al vecino moroso por otros medios antes de proceder a publicarlo en el tablón de anuncios, lo cual se haría como última posibilidad y evitando, en la medida de lo posible, ponerlo en un lugar de libre acceso a terceros ajenos a la finca.

Por último, ha de tenerse en cuenta que no cabe la publicación de una especie de listado independiente con los nombres de todos los vecinos deudores, como si de una lista negra se tratase ya que la LPH hace referencia únicamente a la publicación de la convocatoria de junta y la del acta aprobada por los propietarios.

¿Puede un propietario acceder a las cuentas de la comunidad?

Como ya hemos visto, en la gestión de la comunidad de propietarios se tratan datos personales.

Este concepto de datos personales incluye todos aquellos que proporcionen información, cualquiera que sea la clase de esta, sobre una persona física identificada o identificable.

Siguiendo esta línea de pensamiento, en relación con el tema de los movimientos en las cuentas bancarias de la comunidad de propietarios, los datos contenidos en ellas tales como son los datos identificativos de las cuentas corrientes de los vecinos que realizan los pagos, los coeficientes de participación o incluso los vecinos deudores, entre otros, son datos de carácter personal.

Del mismo modo, también es un dato personal aquel que se refiere a los empleados que pueda tener la comunidad así como de los prestadores de servicios profesionales y las cuentas bancarias de ambos.

Es decir, el portero de la comunidad no es menos y sus datos tampoco. Del mismo modo que tampoco lo es el administrador de cuentas o abogado al que se le han pagado los honorarios desde la cuenta de la comunidad. La vecina del 6º B, que no es la presidenta y que a lo mejor no es ni propietaria, no tiene porqué saber el número de cuenta del administrador ni del portero.

En relación con esto, para que el tratamiento de los datos sea lícito será necesario que se dé alguna base legitimadora para el mismo. Teniendo esto en cuenta, el tratamiento de datos que hace la comunidad se basa en su interés legítimo para la finalidad de administración de la comunidad, mientras que puede fundarse en la ejecución de un contrato en el caso de los datos del portero. Sea como fuere, el tratamiento tiene una legitimación clara.

Sin embargo, y aunque la ley permite comunicar los datos personales de un interesado a un tercero para el cumplimiento de intereses legítimos del responsable o para cumplir con una obligación legal del mismo que le habilite para dicha cesión, para el caso de la cesión de los datos a otro vecino no se cumplen estos requisitos pues el hecho de que la vecina del 6º B conozca los datos de cuentas bancarias del resto de propietarios y de los trabajadores de la comunidad, no contribuye a la finalidad de la correcta administración de la comunidad de propietarios.

Y todo esto sin olvidar que entre las obligaciones del responsable está la transparencia de información y por ello deberá tomar las medidas oportunas para facilitar al interesado, es decir, al resto de propietarios de la comunidad y sus trabajadores, la información relativa al tratamiento que se va a realizar sobre sus datos de manera concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso y con un lenguaje claro y sencillo.

En este sentido, en ningún momento se ha comunicado a los interesados que sus datos vayan a ser cedidos al resto de propietarios, por lo que no estaría permitida dicha cesión, además de que dicha cesión no tendría ninguna razón de ser.

Lo veas por donde lo veas, estos datos no resultan relevantes para el resto de propietarios y no podría encuadrarse la cesión de los mismos dentro de la actividad de gestión de la comunidad.

Por tanto, como hemos visto, la cesión de los datos personales de los propietarios y del personal de la comunidad que contienen los movimientos bancarios en las cuentas de la comunidad supondría una cesión ilegal de datos, una conducta que es susceptible de ser sancionada conforme a la normativa de protección de datos.

Sin embargo, aunque la exhibición de los datos personales a un vecino no autorizado para verlos resultaría contraria a la normativa de protección de datos, sí que se debe en todo momento mantener informados a los propietarios de los costes asumidos por la comunidad para su mantenimiento con el adecuado desglose de los gastos soportados, claro está.